Cobro de deudas en Italia

Nuestro equipo de abogados asesora regularmente a clientes internacionales en controversias tanto civiles como mercantiles relacionadas con el cobro de deudas.

Según la legislación italiana, para proceder al cobro de deudas deben realizarse los siguientes pasos:

  • Remitir una carta al deudor, antes de tomar acciones, recordándole y solicitándole formalmente una última vez que efectúe el pago dentro de un término fijado (normalmente entre 7 y 14 días) antes de emprender acciones legales.
  • En caso de no recibir el pago dentro del plazo fijado, se puede iniciar un procedimiento legal solicitando al tribunal italiano competente la emisión de una “orden judicial de pago” (Decreto Ingiuntivo) contra el deudor para que abone la cantidad nominal, los intereses devengados y las costas legales (incluidos los honorarios de abogados).
  • El Tribunal normalmente emitirá una orden judicial de pago en 10/15 días hábiles.
  • Usted deberá notificar la orden judicial al deudor.
  • En caso que el deudor no pague dentro de 40 días desde la fecha de recepción de la orden judicial de pago y no recurra dicha orden dentro del mismo plazo, o si usted obtiene una orden judicial provisional de ejecución, podrá emprender todas las acciones de ejecución contra los bienes del deudor, incluidas las propiedades inmobiliarias, las cuentas bancarias y otras propiedades, títulos o derechos.
  • En cambio, si el deudor recurre la orden judicial de pago, se llevará a cabo un “juicio ordinario”. Los principales temas que se tratarán en dicho juicio serán la legitimidad de la orden judicial de pago (principalmente aspectos formales) y el título del crédito. Sin embargo,

 

Para obtener una orden judicial de pago, debemos aportar al Tribunal los siguientes documentos:

  • Copia del título (contrato, cheque, pedido, factura etc.) que da origen a su crédito (si los documentos no están en italiano, el Tribunal requerirá una traducción al italiano).
  • Copia de las facturas pendientes.
  • Copia de los albaranes (si corresponde) o cualquier otro documento apropiado para demostrar que se han suministrado correctamente los bienes o se han prestado los servicios.
  • Un extracto de los registros de contabilidad de la empresa que muestran las facturas correspondientes. Este documento deberá estar legitimado por un notario en el país de residencia del acreedor, traducido al italiano y apostillado o legalizado.
  • Un poder notarial firmado por el representante legal de la empresa que nos apodere para representarle ante el Tribunal, traducido al italiano y apostillado o legalizado.
  • Generalmente es posible obtener una “orden de ejecución provisional” si se facilita al Tribunal una letra de cambio, un cheque o un giro bancario o un reconocimiento de deuda (p. ej. un correo electrónico del deudor).

 

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